De acuerdo a la disposición legal, los partidos políticos debieron cumplir con la paridad de género y también encabezando listas en un porcentaje del 30%. Sin embargo, el respaldo en las urnas es insipiente.

El abogado constitucionalista y experto en legislación electoral, Daniel González, le dijo a Diario Crónica que las últimas reformas en el Código de la Democracia, disponen que se cumpla estrictamente con la paridad y secuencialidad de género en todas las listas, así como los porcentajes de mujeres que presidan listas de concejales, juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas. “En las elecciones generales de 2021 se cumplió con el 15%, ahora se exigió el 30% y, en las próximas elecciones tendrá que ser el 50%”, precisó González. Además, recalcó que los porcentajes se aplican de acuerdo al número de listas y de candidatos con que cuente la organización y/o si es de carácter parroquial, cantonal, provincial o nacional.

En el cantón y provincia de Loja, Izquierda Democrática-ID- propuso a Vanessa Vinces (quien obtuvo el 0,79% de votos) a la alcaldía del cantón y a María del Cisne Sánchez a la prefectura; el movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia-PID- postuló a Ligia Rodríguez (0,33% de aceptación) para alcaldesa; mientras, Sociedad Patriótica puso a Jessica Pinargote para prefecta.

Karina Añazco, quien postuló como candidata a la alcaldía del cantón Puyango, sostiene que “el liderazgo debería trabajarse por encima de género o divisiones partidarias”, pero cuestiona que “los escenarios políticos no son los más favorables para las mujeres porque aún existe el temor de encontrarse en escenarios agresivos y desigualdad de género. Aunque las mujeres han logrado avances notables, en las últimas elecciones se evidenció claramente que no existe la confianza total del electorado para representatividad de la mujer”, detalló.

Según varias reseñas históricas, en Ecuador la igualdad de género empezó a cristalizarse en la Constitución liberal de 1869, que establecía como requisitos el ser varón y tener 21 años para ir a las urnas; cuyo sustento sirvió para que el Consejo de Estado emita dictamen favorable y Matilde Hidalgo fuera la primera mujer que votó en las elecciones de 1925. Este derecho se incorporó en la Constitución de 1929 como un derecho facultativo de mujeres y obligatorio para hombres, pero en 1967 se vuelve obligatorio para todos.

“Es evidente que no tenemos una buena participación de la mujer en la política, pero nos queda una lección de que algo nos está haciendo falta”, dijo Sandra Rodríguez, quien está involucrada en organizaciones de mujeres. “Nosotros tenemos que prepararnos, empoderarnos y hacer las cosas bien”, recalcó la activista.