Cuando se habla de acuerdos políticos en el contexto latinoamericano, la connotación simplista y fuera del foco crítico es el de negociaciones ilegales, puesta en marcha de planes nocivos para la mayoría y beneficio para un pequeño y selecto grupo, así como decisiones a dedo, configurando una agenda predeterminada, donde sobresale la corrupción, la ineficiencia y la conformación de un status elitista de quienes se deleitan del poder de tu turno. Es decir, acuerdos puramente de tinte corporativista y con claras muestras de un “Estado capturado”, a merced de la sed de ambición y de los típicos males de la burocracia tradicional.