El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral elaboró un documento acerca de “normas mínimas universales” para la —administración electoral y ética profesional—. Estas normas de conducta son un esfuerzo por sistematizar los principios éticos que deben orientar la actuación en los funcionarios electorales. Principios éticos que forman la base de la administración electoral, para asegurar tanto la apariencia de integridad como la probidad real del proceso electoral.

La administración electoral debe basarse en los siguientes principios éticos fundamentales: Debe mostrar respeto por la ley. El éxito de una elección depende directamente del grado en que es aceptada como legítima y vinculante por los participantes en el proceso político. La expresión en el lenguaje jurídico claro de las decisiones importantes de política determina el grado de certidumbre que se requiere para el desarrollo de un consenso entre todos los participantes en el proceso, en que será administrado. Ese consenso entre los participantes puede verse afectado y el apoyo al proceso electoral debilitarse, si la administración electoral no cumple con la ley, no la aplica equitativamente y no explica con claridad la razón de sus decisiones. Por lo tanto, los administradores electorales deberán: cumplir las leyes de nuestro país, asegurándose de que las leyes relacionadas con el proceso electoral sean puestas en práctica imparcialmente y de manera equitativa y asegurarse de que los partidos políticos, candidatos, votantes y otros participantes en el proceso electoral sean tratados con justicia y equitativa. Actuar con independencia y neutralidad. Para que una elección sea exitosa, los participantes en el proceso tienen que poder confiar en que los administradores electorales cumplan sus funciones en forma políticamente neutral. Si las personas que administran las elecciones muestran adhesión a uno u otro resultado electoral, la credibilidad pública del proceso electoral se verá afectada gravemente, a tal punto que luego será difícil restaurar la confianza en el proceso. Por lo tanto, los administradores electorales deben desempeñar todas sus actividades en forma estrictamente imparcial y políticamente neutral. Además, deberán actuar de forma estrictamente neutral y no discriminatoria en relación con partidos políticos, candidatos, votantes, representantes de la prensa y de otros medios de comunicación.  Actuar con transparencia. Para que una elección tenga éxito, los participantes en el proceso tienen que ser capaces de aceptar las decisiones de la administración electoral. Probablemente, aceptarán estas decisiones si están convencidos de que han sido tomadas adecuadamente. Para ello, deben tener acceso a la información en la que se basan tales decisiones. En general no es viable permitir el acceso a toda esa información o proporcionar copias de toda ella o de cada uno de los documentos a toda persona que lo desee. Sin embargo, los administradores electorales deberán estar dispuestos a justificar sus decisiones y proporcionar la información en la que se basa cada decisión. Además, deberán asegurarse de que representantes de cada partido político o candidato puedan ejercer cabal y efectivamente sus derechos legales. Actuar con minuciosidad. Las administraciones y los administradores electorales deben basar el desempeño de sus tareas en las normas más exigentes de exactitud de la información y de objetividad de los análisis. En particular, deberán asegurarse de que la información sea recogida, recopilada y publicada de manera sistemática, clara y sin ambigüedades, y hacer todo lo que se requiera, dentro del marco legal del país, para asegurar que toda información que recojan, usen o publiquen se atenga firmemente a los hechos.  Tener orientación de servicio al público. Las administraciones y los administradores electorales deberán procurar prestar a cada uno de los votantes un servicio de la más alta calidad, que les permita ejercer sus derechos con el mínimo inconveniente posible, según las circunstancias y el marco legal del país. En particular, deberán facilitar, en la medida posible, a los votantes su participación en el proceso electoral garantizando que comprendan adecuadamente el proceso electoral.