El decreto firmado el 07 de noviembre de 2023 por el presidente Guillermo Lasso Mendoza dispone que los expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges reciban protección y seguridad tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Analistas señalan que por cada exfuncionario superaría los USD 6.000 en personal.

Circunstancias

El decreto ejecutivo también señala que el período mínimo de protección es de dos años los expresidentes y de un año para los exvicepresidentes, desde que finalicen sus mandatos de elección popular.

Para el abogado en libre ejercicio, Iván Roldán Rogel, el decreto es inconstitucional y debería ser derogado, puesto que en Ecuador no se amerita seguridad para estas personas, ya que la violencia no se ha generado contra el presidente, vicepresidentes o familias, sino contra la población civil.

“Ecuador posee todas las estructuras de la fuerza pública para que cumplan esta labor y así también lo estipula la norma; se va a utilizar el servicio privado para las actividades personales de los exfuncionarios y sus desplazamientos propios dentro o fuera del país, porque el Decreto permite hacer una contratación bajo el principio de excepcionalidad y son gastos innecesarios de un país en crisis”, acotó.

Añadió que el desplazamiento de personal de seguridad significa viáticos, gastos de operación, movilización y logísticas. Además, cada exautoridad, contaría mínimo con tres personas (uno en observación; otro en acompañamiento; y, un tercero en vigilancia).

El exmilitar en servicio pasivo, Aníbal González Reyes, concuerda con que la seguridad del presidente, cuando salga del poder, poseería como base tres personas, quienes tendrán un salario de acuerdo a su preparación, es decir, lo mínimo será de USD 1.200, y, si son especializados, superará los USD 2.000; por ello, “el cuidado de las autoridades tiene un costo alto que llega a sobrepasar los USD 6.000”, refirió.  

Afirmó que este mismo procedimiento ya se ejecutó en la administración del exmandatario Rafael Correa, donde se extendía hasta la esposa e hijos.

A decir del abogado penalista Fabián Girón, la protección dirigida a las exautoridades no tiene nada de malo, “la problemática surge cuando el Estado debe pagar por esa seguridad e incrementar el personal cuando hay hijos de por medio y, a no existir una norma que limite, los beneficiarios podrán contratar los que crean necesarios”, concluyó. (I)