Estado incumplido

Efraín Borrero E.

Hace pocos días el Comité de Proveedores Impagos del Estado, que integra a pequeñas y medianas empresas, representado por Rosmery Naranjo, compareció ante el Pleno del CPCCS para solicitar la intermediación de ese organismo ante el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que les pague los contratos que fueron suscritos con el sector público en los años 2018 y 2019. Aunque parezca insólito, esas personas naturales y jurídicas, que luego de cumplir con las etapas precontractual y contractual de rigor lograron ser proveedores de obras, bienes y servicios para entidades públicas, sintieron la necesidad de “agremiarse” para reclamar sus justos derechos.

El Ministro Richard Martínez dijo que hay una programación de pago a proveedores, “con base en el flujo de caja y disponibilidad”. Meses antes, conjuntamente con la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, arremetió contra una red de chantaje que extorsionaba a los proveedores impagos exigiendo porcentajes, cuotas o comisiones por ‘agilizar’ sus pagos”. Estos delincuentes son juzgados por tráfico de influencias, concusión, usurpación y simulación de funciones públicas, entre otros delitos tipificados y sancionados en el Código Orgánico Integral Penal.

Esos pequeños y medianos empresarios tienen que asumir sus obligaciones contractuales de todas formas, a fin de evitar que la Contraloría General del Estado los sanciones como contratistas incumplidos. Para ello deben pagar salarios a sus trabajadores y poner en juego su limitada liquidez económica para la adquisición de insumos e implementos necesarios, así como adquisición de los bienes ofertados. Una vez cumplida su responsabilidad tienen que someterse al calvario del trámite de pago durante algunos meses. Mientras tanto, para solventar las inversiones realizadas y equilibrar su liquidez tienen que recurrir a las entidades financieras y, algunos, ser presa fácil del chulco.

Esa es la razón por la que esas personas buscan desesperadamente algún medio para que el Estado, a través de las instancias gubernamentales, les pague lo adeudado, por eso se asocian, se dejan llevar de falsas promesas o tratan de acercarse a algún funcionario influyente.

El propio Ministro Martínez ha anunciado que el Gobierno Nacional está desarrollando programas crediticios a través de la Corporación Financiera Nacional y del Banco del Pacífico, dirigidos a este sector productivo. Está muy bien, pero no cabe duda que si pagan los valores pendientes a esos pequeños y medianos empresarios, que constituyen una gran parte del segmento hacia los cuales se está orientando los créditos, no habrá necesidad de que ellos tengan que acogerse a esas alternativas. Pero lo más importante, no podemos concebir un Estado incumplido que cause daño a ciudadanos emprendedores y trabajadores.