Reducción del sueldo genera dolor de cabeza a los trabajadores por deudas

Desde el 22 de junio varias empresas, negocios y locales comerciales empezaron a aplicar la reducción emergente de la jornada laboral contemplada en la Ley Humanitaria. Sin embargo, ha generado una serie de inconveniente para un grupo de trabajadores porque sus salarios no superan los USD 250.

Situación  

En una indagación de Diario Crónica en la ciudad de Loja microempresas, negocios de manufactura, restaurantes y servicios varios se ha acogido a esta normativa. Esas actividades están entre las más golpeadas por la caída de ventas durante la pandemia, por lo que tuvieron que reducir la jornada laboral a sus trabajadores para evitar despedirlos.

Miguel (nombre protegido) es uno de ellos, quien labora en un restaurante desde hace 5 años y le pagaban el salario básico unificado del trabajador que es de USD 400. Sin embargo, tras la declaratoria de emergencia por dos meses y medio estuvo cerrado el local, luego tras la reanudación de las actividades le indicaron que le iban a reducir la jornada laboral, igual el sueldo, pero debía cumplir el mismo trabajo y tiempo.

“La situación está complicada para encontrar un nuevo trabajo, por lo que acepté, pero esto me ha traído complicaciones porque las deudas no las puedo cancelar en su totalidad. Los recursos solo me alcanzan para una parte de los servicios básicos y pagar la cuota mensual en el banco que es de USD 130”, dijo.

Las deudas siguen acumulándose y no sabe hasta cuándo estará en esa forma, es decir, ganar solo USD 250. Espera que la pandemia pronto llegue a su final. Por ejemplo, “tengo una deuda de USD 150 por el servicio de internet y teléfono y estas empresas han estado llamándome constantemente por lo que tuve que cambiar de número telefónico”.

Agregó que como él 5 compañeros están en la misma situación, la mayoría con deudas, bajo sueldo y el mismo tiempo de trabajo. A ello se suma, que dos meses no ha pagado los aportes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) lo que ha llevado a desafiliarse hasta que vuelva la normalidad las labores 

Está buscando nuevas fuentes de ingreso, pero la situación está complicada. Uno de los emprendimientos en su tiempo libre es expender comida rápida, por lo que está tratando de juntarse con otros amigos para ampliar el negocio.

No alcanza

En cambio, para Ángel Leonardo P. G., la situación es más complicada, ya que de un salario de USD 600 ahora le pagan USD 300; pero más allá de la cantidad es que los empleadores desde mayo han dejado de aportarle al seguro, lo cual para gozar de los servicios del IESS debe igualarse, es decir debe pagar USD 250, recursos que el propietario no desea cancelar, pero debe seguir trabajando.

Él trabaja como administrador de un hotel de Loja de la ciudad desde hace 7 años. Tiene tres hijos: una en la universidad y dos son colegiales. “No se cómo voy hacer para que esos recursos me alcancen para pagar: los servicios básicos, arriendo (USD 100), estudios de mis retoños y la comida”, dijo.

La situación se complica debido a que a su pareja le agradecieron los servicios en una entidad pública hace 3 meses y hasta el momento no recibe la liquidación pese a que les han ofrecido a principios de agosto.

Recursos limitados

Paulina Carvajal es propietaria de un restaurante. Ella reconoció que a sus dos trabajadores (mesero y cocinero) tuvo que minorarles en sueldo, ya que las ventas bajaron un 50% y pese a que lleva más de dos meses reactivadas las actividades no ha logrado incrementarlas.

Indicó que no piensa cerrar las puertas, ya que dejaría a dos familias sin el sustento, por lo que tratan de salir adelante, pese a lo complicado de la situación. “Los trabajadores estuvieron de acuerdo en que les pagará la mitad hasta que mejore la situación, además se comprometieron a laborar con el mismo ánimo y hacer frente a la crisis”.

Puntualizó que como su local la mayoría han hecho la reducción de la jornada laboral para tratar de mantenerse a flote. Por ejemplo, en la ciudad de Loja aproximadamente hay USD 150 restaurantes legalizados, a ellos se suman las huecas, entre otras, de los cuales el 70% se acogieron a la normativa respaldados por la Ley Humanitaria.(I).(FJC).