Este jueves 02 de diciembre de 2021, en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, desde las 12h00, vía telemática, se desarrolló la audiencia a la apelación contra la sentencia de primera instancia dictada por la jueza constitucional Jenny Patricia Freire Arias donde dispone al Municipio de Loja pagar USD 12 millones a la empresa Safety Enforcement.

Audiencia

La audiencia inició a las 12h00 de manera puntual, sin embargo, los abogados de la empresa Safety solicitaron la suspensión de la audiencia, pero con los alegatos de los juristas lojanos y del Ayuntamiento local dieron de baja la solicitud.

Luis Narváez Abad, procurador Síndico del Municipio, indicó que la institución fueron los primeros en dar sus alegatos, luego lo hizo la Procuraduría General del Estado, seguido los “amicus curiae” y al final la empresa accionante Safety.

En la audiencia solo se escuchó a las partes, quienes expresaron sus alegatos conforme a derecho; la juzgadora en los próximos días dará el veredicto por escrito, no hubo pronunciamiento verbal. “Esperamos que el fallo se dé a favor no solo del Municipio sino de los lojanos, quienes serán perjudicados si nuevamente reiteran la orden de pago a la empresa”.

El presidente del Colegio de Abogados de Loja, José Luis Silverio Palacios, destacó que este día los juristas dieron un ejemplo de unidad. “Hemos realizado un equipo de trabajo y el miércoles 01 de diciembre presentamos de manera física y virtual en “amicus curiae”.

Los profesionales del derecho, otros de los caminos que seguirán es emprender acciones legales pertinentes en contra de la jueza de primera instancia (Jenny Patricia Freire Arias) para que la justicia no sea desnaturalizada por acciones de esta índole y que no están apegadas a la ley. También junto con el Cabildo harán un estudio prolijo del contrato de las fotomultas, suscrito en mayo de 2015, porque adolece de muchas figuras jurídicas y que puso en la indefensión a todos los lojanos.

Recursos

Efraín Muñoz Silva, coordinador General del Municipio, expresó que el presupuesto aprobado para el 2022 es de alrededor de USD 50 millones. “En el caso que si se ratifica la sentencia de cancelar USD 12 millones, complican a la administración y por ende a Loja, ya que se desprende el 25% del presupuesto y se vería reducido en obras o simplemente no se haría nada tanto en la ciudad como en las parroquias”.(I).

Dato

El contrato entre el Municipio y la empresa Safety se firmó en 2015 en la administración del exalcalde José Bolívar Castillo.

La semana pasada, jueza ordenó pagar USD 12 millones al Municipio por incumplimiento contractual.