Protección e inclusión social

Paúl Maldonado

Las desigualdades a nivel mundial se siguen acentuando y continúan dividiendo a las sociedades de los países desarrollados y en particular de los países en vías de desarrollo. Por tal razón existe la necesidad de vivir en un entorno que ofrezca las mismas oportunidades a todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento, nivel de formación o condición social, esto siempre debe situarse  en la cumbre de la pirámide de prioridades para Gobiernos e instituciones.

A pesar de que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, la inclusión social, sigue siendo uno de los grandes retos a los que se enfrentan las sociedades. Son muchos los grupos sociales que continúan sin tener las oportunidades y recursos necesarios para participar en igualdad de condiciones en la vida económica, social y cultural.  Es imposible avanzar como sociedad si no incluimos en ese desarrollo a aquellos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Porque el crecimiento inclusivo genera un trabajo decente y ofrece oportunidades para todos los sectores de la población, asegurando la reducción de la pobreza y la desigualdad. Para reducir las desigualdades es necesario crear y fortalecer programas de protección social, con la finalidad de redistribuir una parte de nuestra riqueza a las poblaciones más frágiles: pobres, jubilados, discapacitados, madres de familia, desempleados, enfermos… Eso no significa dar una limosna a los más vulnerables: “Se trata de crear sistemas integrales, especialmente concebidos y aplicados con el objetivo de mejorar la productividad invirtiendo en los trabajadores y en sus hijos que representan la mano de obra del futuro, de preservar el consumo nacional aumentando el ingreso de los hogares, así como de reducir la inestabilidad política y laboral, de promover la paz y la cohesión social”. La superación de la pobreza, el hambre y la desigualdad social son grandes retos que deben enfrentan muchos países del Hemisferio en el presente siglo. Estamos convencidos de que las políticas económicas y sociales coordinadas e integradas son un requisito para el éxito en el combate a la desigualdad de oportunidades y la marginación, y que tales políticas son pilares fundamentales para edificar una sociedad más justa, enfatizando que el trabajo, el empleo y el ingreso son esenciales para una política social incluyente. A pesar de los avances logrados, continúan existiendo profundas desigualdades en nuestros países y en nuestra región. En respuesta a ello, es necesario seguir desarrollando e implementando políticas y programas de protección e inclusión social que den prioridad a las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en nuestras sociedades,  continúen promoviendo el acceso a la educación, la salud, la nutrición, la energía, los servicios sociales básicos y a oportunidades de trabajo decente y digno. Al mismo tiempo, estimular el aumento de los ingresos y su mejor distribución, incrementando la productividad y proteger los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. Se recomienda instruir en especial a los responsables de finanzas, planificación y desarrollo social, a que inicien o fortalezcan la revisión de los programas nacionales de protección social, inclusión y erradicación de la pobreza, con el fin de aumentar la eficiencia y eficacia, reducir duplicaciones, identificar brechas a nivel nacional y optimizar el uso de los recursos.