Protesta social a riesgo de terminar “con los huesos en la cárcel”

Rafael Riofrío

El gobierno del desencuentro tiene el país a orillas del descalabro. Insuficiente presupuesto para salubridad y educación; aumento de la criminalidad e inseguridad ciudadana, desatención médica y falta de medicinas en los hospitales públicos; anuncio de elevación de los precios del diésel y la gasolina a precios internacionales; infravaloración del precio de los productos del campo; el empleo disminuye y se respalda la precarización laboral; se expande la extracción minera; se anuncia la venta de las empresas públicas como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, entre otras.

Ante esta creciente crisis económica, política y de valores y a la ninguna disposición al diálogo, la CONAIE convocó al pueblo ecuatoriano a un paro indefinido que se cumple desde el lunes 13 de junio con la participación de otras organizaciones sociales y populares. El gobierno ha manifestado que la magnitud de las movilizaciones ha sido insignificante. Sin embargo, la represión ejercida contra los manifestantes el primer día fue del mismo estilo de cualquier dictadura. La madrugada del martes se detuvo al presidente de la CONAIE Leonidas Iza, craso error del Presidente Lasso, al contrario de atemorizar al pueblo, se encendió más la ira popular. Para la tarde del jueves, atentando el propio derecho a la vida, eran ya decenas detenidos de forma arbitraria en varias ciudades del país.

Con la receta fresca traída de la “cumbrecilla de las américas”, el presidente Lasso, junto a su gabinete, mediante la difamación, deslegitimación, magnifican la protesta como “actos vandálicos” con la intención de romper el tejido social y detener a los “presuntos responsables”. Patricio Carrillo, ministro del Interior, mostrándose autoritario dijo que aún sin el ejecútese legal del presidente se aplicará la “Ley de Uso Progresivo de la Fuerza” para reprimir las protestas y desarmar a los grupos de oposición, esto con el argumento de “garantizar la paz social” tal cual lo hizo Rafael Correa para atemorizar, criminalizar y judicializar la protesta social y el derecho a la resistencia como derecho fundamental reconocido en la Constitución. 

La Unión Nacional de Educadores convocó para el jueves 16 de junio al magisterio ecuatoriano a sumarse a la protesta social, para defender la equiparación salarial ganada mediante la movilización y dos huelgas de hambre. Por varias ocasiones el Presidente Lasso se opuso al reconocimiento de este derecho, vetó en su totalidad la ley. La Corte Constitucional luego de rechazar el veto presidencial, dispuso a la Asamblea Nacional que promulgue la ley y ordene la publicación en el Registro Oficial. Sin embargo, nuevamente con artimañas el presidente Lasso se empeña en dilatar la publicación en el Registro Oficial.

En fin, siempre que el gobierno vulnere los derechos existirá el rechazo o la resistencia, por tanto, la protesta social subsistirá muy a pesar de que el presidente Lasso quiera vernos con los “huesos en la cárcel”.