Inseguridad y falta de trabajo la mayor deuda social del gobierno

Rafael Riofrío

El miércoles pasado las movilizaciones populares mostraron un crecimiento en la participación y apoyo ciudadano. Los medios de comunicación dieron cuenta que miles de personas marcharon en diferentes partes del país, dirigiéndose hacia el centro histórico en Quito y hacia las gobernaciones de provincia. Consignas como “Lasso, escucha, el pueblo está en la lucha” y “Fuera Lasso fuera” se oyeron como una forma de protesta contra la desacertada administración de las políticas económicas implementadas por el gobierno del desencuentro.

De otro lado, el gobierno convocó a marchas de respaldo a su gestión, las mismas que no tuvieron el apoyo ni siquiera de los empleados públicos que fueron obligados a participar. Llamaron al dialogo y a la paz. La pregunta es, ¿a cuál diálogo y a cuál paz? Si el presidente Lasso huérfano de asesoría política, sin el menor conocimiento del significado de democracia, cree además que el pueblo que protesta pone en riesgo la democracia, sin reconocer que hace rato debido a los pactos fachosos es él quien ha generado malestar en la democracia, y con el supuesto de garantizar la tranquilidad ciudadana, mediante decretos que van y vienen institucionalizó la represión al extremo de convertir la Casa de la Cultura Ecuatoriano en campamento policial y militar para contener el reclamo popular.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador junto a otras organizaciones sociales de todo el Ecuador, en una muestra de diálogo, desde junio de 2021 plantearon algunas reivindicaciones al presidente Lasso para superar la crisis y mejorar las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos, la respuesta siempre ha sido una tajante negativa. Sin embargo, una vez encendida la llama del descontento y de la resistencia, el gobierno dice estar presto al diálogo, a un “diálogo unilateral”, lo cual no garantiza el cumplimiento de posibles acuerdos para congelar los precios de los combustibles, atender los problemas del agro, respetar los derechos colectivos, garantizar seguridad, presupuesto para la educación y la salud, generación de empleos, frenar la minería ilegal y detener la privatización de los sectores estratégicos, son entre otras las demandas planteadas en 10 puntos por la CONAIE.

En el afán de ganar a la ciudadanía, el presidente Lasso y su gabinete de gobierno, en la mayoría de medios de comunicación desacreditan la protesta social, calificando de vagos y vándalos a los manifestantes, agregando que la marcha está financiada por el narcotráfico. Olvida el presidente Lasso, que él mismo hace poco brindada apoyo al movimiento indígena, llamándolo a enfrentar el autoritarismo de la época, ahora convertido en política de gobierno, en política de represión.

El hecho real es que, “solo el pueblo salva al pueblo”. En este gobierno la relación entre la estructura social y la superestructura estatal ha perdido la capacidad de cohesionar las fuerzas sociales en un bloque histórico que permita cimentar la Patria Nueva.