Santiago Armijos Valdivieso
Es verdad que el gobierno del presidente Lasso no ha solucionado problemas de enorme preocupación nacional como la inseguridad ciudadana, la falta de medicinas e insumos en los hospitales públicos, la exasperante lentitud en el otorgamiento de cédulas y pasaportes en el registro civil, la falta de obra pública y el control de precios de los alimentos; pero bajo ningún concepto se pueden justificar las violentas y desproporcionadas protestas indígenas que estrangulan, fratricidamente, el cuello de los ecuatorianos.
Está claro que reclamar atención a los problemas sociales en las calles son acciones que forman parte de la democracia y deben ser respetadas, pero la forma como las está conduciendo la mala dirigencia indígena es inaceptable y absolutamente perjudicial para el país: cierre total de vías, ataques a pozos petroleros, agresiones a la propiedad privada, vejámenes a transeúntes, contaminación de reservorios de agua potable, asalto a instalaciones policiales, destrucción de bienes públicos, etc.
Aquello, no solo es decepcionante sino un peligroso y enorme taco de dinamita con mecha prendida que atenta contra la débil democracia que tibiamente cobija al Ecuador.
Penosamente, desde hace tiempo, algunos dirigentes indígenas, mareados por el poder de la violencia, tienen agenda politiquera propia en la que priman intereses mezquinos y de doble fondo que, en gran medida, están divorciados del gran objetivo nacional que no es otro que consolidar un país en el que todos los ecuatorianos encontremos paz, oportunidades, libertad, trabajo, educación, progreso y bienestar.
Todo ello, sin considerar que la situación actual para los pueblos originarios: en lo social, en lo político y en lo económico; presenta una gran integración indígena a los espacios de poder e influencia en el Ecuador. Tal es así que muchos indígenas tienen altas funciones en municipios, consejos provinciales, Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral, organismos de control, Función Judicial, etc.; lo cual, no solo es plausible sino necesario para la corresponsabilidad de las distintas vertientes sociales en lo que suceda en la patria.
Lastimosamente, muchos de estos malos dirigentes indígenas se sienten como una especie de mandatarios paralelos al presidente elegido democráticamente, a quienes hay que pedirles, previamente, su venia y autorización para la toma de cualquier decisión nacional de trascendencia. Sus discursos son cada vez más prepotentes, llenos de amenazas y con oídos sordos para entender que el sector indígena es una respetable minoría del 7%, pero minoría al fin, que tiene el deber cívico y constitucional de enlazarse a los retos y angustias de los 17 millones y medio de compatriotas que nos identificamos con este querido terruño llamado Ecuador, resultado de los sueños republicanos de 1830.
Está claro que la democracia ecuatoriana adolece de grandes falencias, pero irrespetar el período para el que fue electo un presidente, es darle un tiro de gracia a nuestro país, que apenas convalece de una pandemia y de la intolerancia de la década pasada.
Ojalá que el movimiento indígena escoja mejores dirigentes y oriente sus protestas sociales dentro de los andariveles de la democracia y de la paz. Por su parte, el presidente Lasso debe entender que gobernar un país es una ardua tarea que no espera dilaciones ni se limita solamente a mejorar las estadísticas macroeconómicas sino a solucionar, con celeridad e ingenio, la gran deuda social y ciudadana.
Por el bien de todos y por la sanación y adelanto de nuestra sociedad, debe primar, en este oscuro momento, el diálogo cívico y sincero ante los puntapiés, petardos y puñetazos de los impresentable desestabilizadores que se agazapan en los ponchos y sombreros indígenas para hacerse nuevamente del poder.