Antonio C. Maldonado V. 

Parece que por fin han concluido los escrutinios del proceso electoral, aunque algunos partidos y movimientos políticos además de candidatos consideran se ha vulnerado su derecho al triunfo, por las irregularidades que se han producido tanto en las actas como en la legitimidad y transparencia de las papeletas, argumentando que se han impreso algunas similares con números de votos a favor de determinadas candidaturas y también tratando de convalecer el repudio popular que se produjo en la embrollosa consulta popular, la desconfianza popular y acusaciones sobre las actuaciones del Consejo Nacional Electoral antes Tribunal Supremo Electoral; pero como lo acontecido no hay como borrarlo se creía que con esta nueva Función del Estado iba a desaparecer el dominio que tenían los partidos políticos que en esa época por lo menos se controlaban entre ellos. Esta situación nos da como conclusión que con el CNE actual no constituye garantía para la voluntad popular, que salta a la vista porque no realizó ningún control a los actores principales y sus adláteres de los partidos que se extralimitaron en gastos y en el caso de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no fueron auspiciados por partidos políticos; otro punto relevante compuso lo relativo a la tarea que realizaron las encuestadoras sobre el sondeo de opinión que constituyó un total desacierto, igual que los realizados por el exit poll.  

Indudablemente que luego de lo acontecido corresponde tanto a los partidos como a las organizaciones políticas algo fundamental, que es la renovación de los líderes con cuadros nuevos que de no hacerlo posibilita la fragmentación en 276 organizaciones electoreras a nivel nacional cuando realmente solo 5 partidos políticos cuentan con perfiles ideológicos: Partido Socialista, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Pachakutik e Izquierda Democrática; esta situación para el PSC determinó que los desertores de esos partidos llamados, en el argot popular, “los chimbadores” lancen sus candidaturas a la Alcaldía de Guayaquil. 

Por su parte los triunfadores en las elecciones pasadas y su equipo correspondiente de Concejales están examinando la situación económica y administrativa en que dejan el cabildo cesante. Algunos (de los alcaldes electos) piden que la Contraloría General del Estado realice la auditoria correspondiente, como es su deber; por otra parte, como es el caso del alcalde de Guayaquil, que se entrevistó con el nuevo Gobernador de esa provincia para emprender conjuntamente la lucha contra la corrupción de todo orden así como garantizar la seguridad ciudadana ya que por lo menos desapareció en el escenario nacional de la violencia el crimen político al estilo sicariato con el asesinato de un candidato a Alcalde en Puerto López y otro gravemente herido en Portoviejo más dos intentos fracasados en Palestina y El Carmen en conformidad al registro de la estadística policial.  

Con la grave situación que atraviesa la administración pública en el marco de feriados a granel, el anuncio de fuertes lluvias y festivales por Carnaval en las diversas localidades del país, esperemos que no suceda nada que lamentar.