César Eduardo Briceño Toledo

La Asamblea Nacional aprobó recientemente el proyecto de Ley de Finanzas Públicas, que crea las condiciones para que el gobierno viole la autonomía del IESS, ISPOL E ISSFA y se tomen los recursos económicos de los afiliados. El veto presidencial de vuelta está a consideración.

Daniel Mendoza, presidente de la Comisión, procesado por la justicia; es cómplice sobre las deudas del Estado con el IESS, la afectación de los presupuestos para la educación y la salud, incumplimiento con los pagos a los maestros jubilados, o el despido de miles de servidores públicos.

En ciernes, es para meter las manos en los fondos de la Seguridad Social. Se aduce que se respetarán los preceptos constitucionales de autonomía; sin embargo, se pretende aprobar una ley atentatoria al bienestar de los asegurados.

Los polémicos artículos 2, 6, 8 y 12, que reforman algunos artículos de la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, intenta convertir a esta entidad en parte del sector público y financiero, como el Banco Central o BanEcuador; someterla a las prioridades selectivas del organismo de planificación nacional y la aprobación del ministerio de Economía; afecta a la franquicia del IESS; a la excepción de los planes e inversiones privativas y no privativas. So pretexto, de desviar los recursos de la Seguridad Social para cubrir riegos fiscales y deudas del gobierno; que afectarían el financiamiento de las prestaciones y la sostenibilidad en el tiempo.

La Seguridad Social forma parte del Acuerdo firmado entre el gobierno y el Banco Mundial denominado “Marco de Cooperación con Ecuador 2019 -2023”; en el cual, se sugiere que los activos financieros del IESS pasen a fortalecer las bancas: pública y privada.

En diciembre de 2019 el presidente de la Asociación de Bancos Privados, dijo que “debe haber mayor control y regulación a esta entidad”. La banca chulquera no quiere competir con el banco del IESS, por los bajos intereses de los préstamos. El gobierno debe empezar ordenando las finanzas públicas: pagando la inmensa deuda del Estado con el IESS y administrando con transparencia y combatiendo la corrupción.