César Eduardo Briceño Toledo

El gobierno del encuentro, de Guillermo Lasso, está empeñado en conformar una Comisión Anticorrupción, con las cinco funciones del Estado y representantes de otras instituciones públicas, autónomas, académicas y de opinión; en virtud que, fue una de sus propuestas electorales; ante cuya decisión, los ecuatorianos debemos apoyar irrestrictamente.

En los gobiernos, anteriores como el de Correa, en el cual se estructuró la secretaría de Transparencia y en el de Moreno la Comisión Internacional Anticorrupción; no dieron los resultados esperados porque se dijo que “era como poner al ratón que cuide el queso” debido a que esta tarea fiscalizadora lo crearon los propios funcionarios; cuando le correspondía hacerla la ciudadanía; como en el 2015 que fundó la Comisión Anticorrupción, con excelentes logros. Además, porque jamás existió el compromiso oficial de aplicar con dureza la ley y a quien sea; quizás no tanto como lo expresó el prontuariado Iván Espinel exministro de Moreno, de “cortarles las manos a los ladrones públicos”.

Generalmente los Organismos Internacionales proceden a dar normas generales de investigación y cómo hacerlo; tal vez, a darnos ejemplos de otros países como lo han conseguido; pero no precisamente a encontrar a los culpables y seguir la ruta del atraco para conseguir los dineros robados; como así ocurrió en Guatemala con la presencia otrora de la CICIG (comisión internacional contra la impunidad), integrado por un personal especializado; que por atreverse a indagar posteriormente la perversión del gobierno le cerraron las puertas.

Para que, esta importante disposición gubernamental no solamente sea un simple trámite administrativo como los anteriores; las cinco funciones del Estado deben comprometerse a hacer respetar la Ley, con decisiones transparentes que jamás ponga en tela de duda sus atribuciones, en concordancia con la sociedad civil y política; para que nunca más volvamos a escuchar los diezmos en la Asamblea Nacional o la “mordida “acostumbrada en la contratación pública y de los servicios colectivos.