Santiago Armijos Valdivieso
Desde siempre, el Ecuador ha estado marcado por incertidumbre e inestabilidad social, política y económica. Penosamente, en los actuales momentos, todo ello alcanza ribetes surrealistas, como consecuencia de una constante destrucción institucional acontecida, principalmente, en las dos últimas décadas, en la que la voracidad por el poder y el dinero, por parte de politiqueros populistas, se ha impuesto a los intereses de las mayorías y de la democracia.
Para sustentar lo dicho, basta revisar algunos síntomas de la grave enfermedad de caos social y político que afecta peligrosamente la salud de nuestra patria:
La Función Judicial atraviesa nuevamente una grave confrontación entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. A ello se suma el creciente desprestigio judicial por varios casos de injurídicas y escandalosas resoluciones de ciertos jueces de primer nivel, quienes abusan de la acción constitucional de protección para favorecer a la corrupción y a la impunidad.
El Consejo Nacional Electoral fracasa estrepitosamente con la implementación del voto telemático para recoger la voluntad de ecuatorianos en el exterior en las elecciones de agosto de 2023; al punto que, vergonzosamente, se deberá repetir las elecciones para la designación de asambleístas por los distritos del extranjero: claro está, ocasionando más gastos para las arcas fiscales.
La Asamblea Nacional, que fuera cesada por la polémica figura constitucional de la “muerte cruzada”, será reemplazada por una de características similares en la que, probablemente —ojalá me equivoque—, seguirán primando los intereses partidistas y los egos políticos, frente a los grandes intereses nacionales.
A pocas semanas del terrible asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, incansable guerrero contra la corrupción; la inseguridad campea y avanza, a paso de vencedor, por muchas ciudades del Ecuador, ante la impotencia y desesperanza de una ciudadanía que clama al cielo el retorno de la paz al Ecuador.
En medio de todo eso, el país tiene por delante un balotaje presidencial para el 15 de octubre de 2023, en el que los votantes deberán escoger al nuevo gobernante, quien deberá atender, en aproximadamente año y medio, una enorme lista de graves problemas nacionales, resultantes de la acumulación de errores, irresponsabilidades y excesos de algunos gobiernos anteriores.
La democracia que nos cobija debemos ejercerla con responsabilidad, altruismo, equilibrio y buena fe: ese es el gran reto que tenemos como ciudadanos y como Nación. No sigamos destruyéndola con malas decisiones en las urnas porque podría llegar el momento en que todo el duro y sinuoso camino que hemos recorrido, como sociedad, para alcanzarla: haya sido en vano.
Aunque la desmemoria de los electores hacia los errores del pasado ha sido un mal crónico de nuestra democracia, cuya cura está muy lejos de llegar, solo queda aspirar a que esta vez la sensatez se plasme en el voto de los ecuatorianos, aunque claro está, el país saldrá adelante no solo por la acción de un buen gobernante sino por la actitud cívica de sus ciudadanos y por la solidez y eficiencia de sus instituciones.