Radiografía del horror

Santiago Armijos Valdivieso

Los recientes casos de corrupción destapados en el Municipio de Quito, Consejo Provincial del Guayas, Hospitales del IESS, Empresa de Agua Potable de Quito, Consejo Provincial de Pichincha y Hospital de Pedernales en Manabí, imponen el reto de esbozar una radiografía de lo que es y ha sido la penosa sombra de corrupción que ha envuelto a gran parte de los gobiernos que se han sucedido en el poder desde el año 1979, cuando la democracia retornó al Ecuador.

Para hacerlo, resulta insoslayable identificar como principal foco de corrupción nacional a la contratación pública, la cual, ha permitido durante décadas que, politiqueros de todo pelaje tengan una puerta fácil para engordar sus bolsillos malolientes y para pagar favores a sus aliados, a sus financistas de campaña, a sus obsecuentes seguidores y a sus familiares.

La situación es tan grave y de tal magnitud que las corruptelas en la contratación pública han alcanzado a gobiernos centrales, municipios, consejos provinciales, funciones del estado e instituciones públicas, dirigidos en su momento por políticos de izquierda, de derecha, de centro, y de movimientos políticos de todos los colores y sabores.

Ello se agrava con la repudiable complicidad de un elevado número de proveedores, empresas privadas y “profesionales” de la construcción, quienes, sin pudor alguno, cierran, a diestra y siniestra, pactos tramposos con políticos corruptores para inflar precios, pagar jugosas coimas, distorsionar mercados, y crear necesidades sociales inexistentes; esto, no solo en perjuicio de las sagradas arcas del Estado, sino de miles de correctos proveedores y profesionales quienes están excluidos de la cuantiosa contratación pública por no aceptar integrarse a la repudiable caravana del tongo, del robo y de la inmoralidad, en la que el precio de entrada son los sobreprecios, los contratos complementarios dolosos, el pago de sobornos, la presentación de propuestas mañosas y la constitución de compañías y asociaciones de papel.

Como tengo dicho, esta perturbadora realidad ha caracterizado a nuestro país por décadas, ante una impotente ciudadanía que no sabe en quién creer, a quién acudir, qué hacer, y cada vez más convencida que tras cada político o grupo de políticos existen perversas y egoístas ambiciones para apropiarse de recursos públicos, mediante actitudes pillastres en las que malévolamente se impone el abominable enunciado “de que el vivo, vive del tonto, y el tonto, de su trabajo”. Venturosamente, el mundo da vueltas, y tarde o temprano, esta mal llamada viveza, devolverá repudio social, deshonra familiar y zozobra moral perpetua, a quienes se autoproclamaron “vivísimos genios del engaño”.

Frente a esta especie de radiografía del horror, cabe preguntarnos: ¿qué hacer? En primer lugar, lo que está haciendo la valiente Fiscal General del Estado, tramitar con acuciosidad las denuncias, investigar prolijamente los hechos y acusar sin descanso ni tregua con la ley por delante, a quienes han asaltado los bolsillos de los ecuatorianos y con ello han asesinado sus anhelos e ilusiones. En segundo lugar, conformar desde la sociedad civil una comisión de ciudadanos honrados (que si los hay) para que, junto a una asesoría internacional, elabore y proponga un riguroso régimen jurídico para las compras públicas, absolutamente diferente al permisivo que actualmente tenemos. Y, en tercer lugar, enseñar a nuestros hijos que, sobre los títulos profesionales, sobre la riqueza y sobre el poder, debe primar la honradez como brújula venerable e inamovible en cualquier acto de la vida y como remedio eficaz para convalecer de la enfermedad de la codicia politiquera que sigue quemando y desfigurando el alma y el rostro de nuestro querido y golpeado Ecuador.