Rafael Riofrío
Han pasado casi 90 días de confinamiento debido al COVID-19 que esta vez está acompañada de la pandemia de la corrupción. Durante este tiempo, no solamente se ha puesto de manifiesto que no hemos estado preparados en el campo de la salud, sino que son las camarillas de sinvergüenzas y rateros que rodean a los gobiernos de turno, los que se llevan con la complicidad de jueces los dineros del erario nacional.
El Gobierno Nacional y los gobiernos seccionales no han podido dar respuesta a la amenaza que representa la evolución de la pandemia de COVID-19, probablemente lo intentan, pero las redes de corrupción que no son de ahora, lo impiden, haciendo que los niveles de pobreza en los sectores populares aumente casi en el mismo porcentaje de la pandemia, todos reconocen, que los más pobres serán los más afectados, puesto que en general carecen de acceso a los más elementales servicios de higiene y salud, sumado a las deplorables condiciones de vivienda y de hacinamiento.
Ante esta realidad, la tarea más importante del Gobierno es la de garantizar el trabajo a las personas, a fin de que éstas puedan acceder a la compra de alimentos, de medicamentos y al pago de los servicios básicos. Pero en nuestro país sucede lo contrario, se eliminan fuentes de trabajo, limitando así, el derecho a la vida de la población. Al mismo tiempo se anula la libertad de reunión y de asociación y se pretende invalidar el derecho constitucional a la resistencia. Decretan un distanciamiento social con la clara intención de impedir que luchemos contra la corrupción y los corruptos, incluso con la amenaza de usar las armas contra el pueblo.
En el Ecuador más de la tercera parte de la población sobrevive del comercio informal, esto no es una aventura fácil en estos tiempos de confinamiento y prohibiciones. Muchos de los trabajadores informales dependen de sus ventas diarias, las mismas que han disminuido y en otros casos no hay. Los sectores de negocios semi formales y formales que se vieron obligados a cerrar durante la etapa del semáforo rojo, ahora corren el riesgo de caer de nuevo en la pobreza.
Lo cierto es que la enfermedad deja al descubierto las desigualdades sociales. El mencionado teletrabajo -que dicho sea de paso disminuyó la jornada laboral y por ende el salario de los trabajadores-, resulta ser un lujo que los pobres no se pueden permitir, en donde los altos niveles de informalidad laboral hacen que grandes sectores de la población queden excluidos de la seguridad social, aumentando como consecuencia de ello, las redes de la delincuencia social menor.
No hay duda de que la pandemia reveló los altos niveles de corrupción, la intención de privatizar algunas empresas estatales, la voracidad de la banca chulquera y de las transnacionales que someten al gobierno a los mandatos del FMI; pero al mismo tiempo, renueva la necesidad de la organización popular para luchar contra estas lacras sociales.