Efráin Borrero E.
Por encima de las encuestas que reflejan un bajo nivel de credibilidad de la Asamblea Nacional está la conciencia ciudadana que con indignación rechaza los actos de corrupción en el Órgano Legislativo. La gente se refiere a esa Función del Estado como tal y no hace digresión de aquellos asambleístas que sí merecen la distinción de representarnos. Lamentablemente, para ellos, todos están en el mismo costal y son parte de esta “tormenta perfecta”.
Los diezmos, los testaferros que asoman en roles de pago, los camisetazos, la venta de votos en decisiones cruciales, las prebendas de poder político para convertirlos en dueños de jurisdicciones y disponer de cargos públicos a su antojo, y lo más grave, las puertas abiertas para contratos con el sector público, como diariamente refiere la prensa nacional, son entre otras lacras las que han sumido a la Asamblea Nacional en un desprestigio del que difícilmente se podrá reivindicar en este período constitucional.
Las asambleístas y los asambleístas ejercen una función pública al servicio del país, y están obligados a actuar con sentido nacional, siendo responsables ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, como reza la Constitución de la República, pero la realidad, en términos generales, demuestra lo contrario y que aquellos lineamientos rectores son una utopía.
A las puertas de un nuevo proceso electoral, que por cierto se perfila incierto, y en medio del refugio al que nos ha sometido la feroz pandemia covid-19, quizá encontremos espacio para la reflexión política y para tomar conciencia sobre nuestra responsabilidad al hacer uso del derecho a elegir a nuestros representantes ante la Asamblea Nacional. Personas honestas, capaces y probadamente convencidos de lo que es el ejercicio de una función pública. Asambleístas que se dediquen a lo que manda la Carta Magna: legislar y fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y de otros órganos del poder público; no a gestionar nombramientos de cargos públicos u ofrecer y tramitar recursos del Presupuesto General del Estado, y otras “actividades” para el interés personal.
Nuestra aspiración no puede ser otra que contar con asambleístas que hagan gala del prestigio y dignidad de los lojanos, que con el cumplimiento fiel de sus funciones generen confianza colectiva y eleven nuestro espíritu y autoestima. Desechemos a los oportunistas, a los improvisados, a los mediocres y a los deshonestos. Hagamos historia con nuestra acertada decisión.