Las preguntas de Lasso (I PARTE)

Rómulo Salazar Ochoa.

Cabe hacer algunas precisiones respecto a las preguntas de la Consulta Popular que quiere proponer el Gobierno de Lasso al país para enmendar o reformar la Constitución:

El Punto Uno pretende que las fuerzas armadas apoyen en “forma complementaria” a la Policía Nacional en el “combate” al crimen organizado. ¿A qué llama “combate” el Presidente y a qué le llama “complementario” en tratándose de este ámbito delictivo? El hecho de cerrar vías, examinar vehículos entre policías y soldados no tiene ni tendrá, en serio, nada de “combate” ni nada de “complementario, pues, esa actividad conjunta o por separado que hacen o sigan haciendo ambas fuerzas de seguridad, en tierra, en el mar, en puertos y aeropuertos públicos, privados o clandestinos, no ha ido más allá de incautar cargamentos o cantidades poco significativas de sustancias prohibidas, capturando sólo a quienes se conoce como “mulas” del negocio. No se ha sabido que estas fuerzas, separadas o “complementadas”, hayan intentado capturar a los “capos” del crimen organizado, es decir, a los grandes dueños de los negocios ilícitos, aquellos que, en ocasiones, se alude en “voz baja”, como integrantes de los grupos que conducen la política nacional o local.

Tampoco se tiene noticias de que tales fuerzas de seguridad persigan el secular contrabando común y corriente.

No escuchamos que  el “apoyo complementario” se refiera a que ambas fuerzas puedan unir la información de sus respectivos servicios secretos, sus capacidades técnicas y tecnológicas para acceder, entre otros, a los archivos institucionales como los del SRI, Banco Central, Banca pública y privada, a los archivos que les lleven a los “paraísos fiscales” para identificar el origen y trayectoria de aquellas fortunas especiales, rápidamente acumuladas, o la evasión fiscal millonaria de muchas de ellas, o identificar el sustento legal o ilegal del sospechoso nivel de vida de determinados sectores o personajes del sector privado y de la alta burocracia, incluida la propia policía y militares; información que, en cambio, dispone el Gobierno de los EEUU y por la que, hace unos meses, el Embajador de ese país señaló públicamente a quienes llamó “narcogenerales”, tras lo cual los altos mandos ecuatorianos guardaron silencio, sin asumir correctivos de ninguna índole según se constata en casos como el de “Don Naza”, Inapapers y Pandorapapers, entre otros. ¿De qué “combate” y “apoyo complementario” se trata?.

Mientras se habla de “consultarnos” sobre dicha reforma o enmienda, en torno a la intervención “complementaria” de policías y militares en el “combate” al tráfico de drogas que es una de las variantes del crimen organizado, hace rato en la ONU se viene cuestionando y demitificando la idea de que la persecución policiaca, “complementada” o no, sea un combate efectivo a tales negocios ilícitos. El cuestionamiento plantea la sustitución de esa línea ineficaz de “combate” por la despenalización de la tenencia de “sustancias de prohibida circulación”. En Uruguay ya ocurrió con el cannabis o marihuana, en los Países Bajos con la coca. El fundamento de esta propuesta es que las sustancias en mención no son por sí mismas perjudiciales para la salud de las personas, y refieren que las poblaciones ancestrales que las consumen habitualmente lo hacen en cantidades mínimas o pequeñas, como ocurre en las selvas amazónicas, con ellas incluso satisfacen ciertos requerimientos de su salud. Afirman que es el consumo excesivo y aberrante de dichas “sustancias” lo que amenaza y es un peligro grave para la salud de las personas y la sociedad; es el exceso lo que deteriora el organismo de quienes las ingieren. Desde luego, esa despenalización implica que el Estado asuma bajo su vigilancia y potestad jurídica la provisión legal necesaria a quienes sean facultados para recibirla, unos en tratamiento médico y otros para la producción industrial de medicamentos. Ello, obviamente, significaría la caída del negocio que hoy se hace con las sustancias sicotrópicas, ya no tendría objeto la inversión financiera que en ellas tienen las mafias de uno u otro nivel económico o condición social.

Obviamente, el desarrollo la industria farmacéutica es de enorme interés para nuestro país que, desde luego, no conviniendo a los intereses monopolistas de la producción t el comercio de las transnacionales farmacéuticas, éstas tratarán de bloquearnos esta perspectiva dentro y fuera del país. Así, una auténtica y efectiva lucha contra el narcotráfico como interesa al país, es parte de la lucha contra la dependencia neocolonial, enfrentando a la derecha neoliberal del país y contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la solapa, dirige y sostiene. Esa lucha no es ni puede ser efectiva si se la sigue haciendo en la línea de los intereses del Gobierno de los EUU cuya reserva monetaria depende en parte de los dólares que produce este “negocio”, incluso, ese país registra el más alto nivel de consumo del mundo, siendo, además, los Estados de California y Delaware los que más estupefacientes producen y procesan, realidad que a esa potencia no le interesa corregir, no obstante su pretendida condición de “líder” de la lucha antidrogas.