En el contexto del cumplimiento de la norma en la administración pública ecuatoriana, el principio de control adquiere un papel fundamental. La normativa legal establece los lineamientos y reglas que deben seguir las instituciones gubernamentales en el ejercicio de sus funciones, con el fin de garantizar una gestión transparente, eficiente y responsable.
El control en la administración pública se encarga de verificar que se cumpla con dicha normativa, tanto en aspectos administrativos como en el uso de los recursos públicos. Esto implica la realización de auditorías, inspecciones y evaluaciones que permiten detectar posibles desviaciones, irregularidades o incumplimientos en los procesos y procedimientos establecidos.
La Contraloría General del Estado y las superintendencias, entre otras instituciones, tienen la responsabilidad de llevar a cabo estas acciones de control. Realizan revisiones exhaustivas de la gestión pública, revisando los registros, documentación y ejecución de proyectos para verificar que se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias.
Además del control ejercido por estas entidades, es importante mencionar que la promoción de una cultura de cumplimiento normativo es esencial. Esto implica que los servidores públicos deben tener conocimiento de las normas aplicables a su trabajo, estar capacitados para cumplirlas y ser conscientes de la importancia de hacerlo.
El principio de control se aplica para asegurar que los servidores públicos cumplan con las leyes, reglamentos y políticas establecidas. Esto implica que deben realizar sus tareas de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos, respetando los principios de transparencia, eficiencia y legalidad.
El cumplimiento de la norma implica también el respeto de los principios éticos y de probidad. Los servidores públicos deben actuar con integridad, imparcialidad y evitar conflictos de interés. Asimismo, deben garantizar la confidencialidad de la información y proteger los recursos públicos.
Es importante destacar que el cumplimiento de la norma no solo es responsabilidad de los servidores públicos, sino que también requiere de mecanismos de control interno eficientes, capacitación continua y una cultura organizacional basada en la legalidad y la ética. El cumplimiento de la norma por parte de todo servidor público implica actuar de acuerdo con las leyes, reglamentos y principios éticos establecidos. El control se ejerce para supervisar y evaluar el cumplimiento de estos requisitos, asegurando una gestión pública íntegra.
En conclusión, aunque se han realizado esfuerzos para fortalecer el cumplimiento del principio de control en la administración pública ecuatoriana, todavía existen desafíos que deben abordarse. Es fundamental mejorar la capacitación de los servidores públicos, fortalecer los mecanismos de control interno y fomentar una cultura organizacional basada en la transparencia y la rendición de cuentas para garantizar una gestión pública responsable y orientada al bienestar de la sociedad, algo que varias autoridades y servidores públicos han olvidado y hacen caso omiso.