Antonio C. Maldonado V. a.maldonado2010@hotmail.com
Iniciaré el presente artículo expresando mi criterio sobre lo sucedido luego de los resultados del último evento electoral, sobre lo cual es necesario indicar que para justificar su calidad de observadores enviados por la OEA y sorprendidos que todo había sido correcto y ajustado al Código de la Democracia de nuestro país y más leyes sobre la materia que estilaban informar a sus superiores, parece que inventaron que la votación virtual de los residentes en el exterior no era correcta y debía realizarse para ese sector un nuevo proceso electoral cumpliendo el objetivo de su rol de observadores; no sabemos qué consecuencias puede acarrear de llevarse a efecto en los resultados finales de los ya elegidos tanto a la Asamblea como para la segunda vuelta presidencial; pues, los residentes ecuatorianos en el exterior es cuantiosa incluidos países de Sudamérica y particularmente de Norteamérica, Inglaterra y otros países europeos y asiáticos con los que mantenemos Embajadas o Consulados; todo eso luego de un análisis dilatado, criticado severamente por especialistas y exdirigentes del CNE, anteriormente denominado Tribunal Supremo Electoral, por el peligro que encierra que puede desconcertar al electorado que ya se ha cansado de concurrir a las urnas desde el año 2020 hasta la convocatoria para la segunda vuelta del 15 de octubre próximo que hemos tenido que asistir la mayoría de sufragantes por ser obligatorio bajo sanciones de orden pecuniario y resulte que posiblemente empeore la crisis nacional con más escándalos de corrupción que a diario se presentan, la imparable inseguridad y violencia organizada que el ministro del Interior actual la califica como terrorismo impuesto desde el exterior como se ha difundido con la utilización de explosivos e incendios de automotores y agresiones a los edificios de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en las ciudades, incendios forestales en todo el país como el gigantesco que se produjo en Quito que el alcalde del Distrito Metropolitano lo calificó de provocado e iniciar la investigación correspondiente.
En otro orden, el CNE está obligado a llevar a cabo el denominado “debate” que discutir entre los que intervienen no sucede como ya pasó con los ocho candidatos presidenciales que no debatieron nada porque los organizadores a ese evento patrocinado por el CNE, formulan un cuestionario amorfo que no se acerca ni se lo hace en base al Programa de Gobierno que cada candidato debería entregar al organismo electoral para el lapso de año y medio de gobernabilidad, en esta ocasión que le correspondería de ejercicio del mandato y no de los 4 años que es el periodo normal como lo dispone la ley.
Para quien resulte beneficiado con el pronunciamiento en las urnas le resultará sumamente difícil cumplir con los propósitos enunciados ya que la crisis económica calculada con austeridad refleja hasta el momento un poco más de 5 mil millones de déficit fiscal, delicada situación financiera que será afectada tanto por los desastres del fenómeno de El Niño como el contagio en nuestro país de la nueva variante de la COVID-19 – EG.5, que pesadamente ha golpeado al Presupuesto Nacional en época pasada.