José Bolívar Castillo Vivanco

Vivimos de emergencia en emergencia y las emergencias constituyen la insustituible posibilidad política de ejercer la filantropía con fondos públicos que resulta ser un gran negocio económico y sobre todo político. Al Estado en su versión central o local no le toca distribuir bienes de consumo, sino crear y garantizar las condiciones para que los ciudadanos con su trabajo productivo de bienes y servicios satisfagan sus propias necesidades.

El caso de la vivienda popular se ha convertido en uno de los grandes negociados del populismo en sus versiones más abyectas de izquierda, derecha y extremo centro. Se alienta y protege ocupaciones y urbanizaciones ilegales y luego se contrata casitas estándar en extremo reducidas que solo permiten modernizar e institucionalizar la pobreza, el tugurio y la miseria y por otro lado logran concentrar la población rural en las gigantescas canteras electorales donde tienen aglomerada su clientela política dependiente.

Así como al seguro universal y obligatorio no le toca importar medicinas ni construir ni administrar clínicas ni hospitales, a los municipios no les debe corresponder construir viviendas, sino generar áreas de urbanización, lotes con agua potable alcantarillado y más servicios urbanísticos indispensables. Son las familias las que deben emprender en la construcción de su domicilio de acuerdo a sus características de trabajo. El Estado central debe regular la intermediación financiera a fin de anclar las tasas de interés activas en las tasas pasivas que paga por los ahorros y evitar y sancionar en forma ágil y sumaria todo tipo de monopolio o especulación. La única forma de enfrentar la pobreza no es distribuir dádivas ni prebendas a cambio de votos sino incorporar a todos a la actividad productiva.

Partiendo de este somero análisis veamos lo que le está pasando a Loja en esta materia. El actual Alcalde obligó a su Gerente del VIVEM Ing. Gahona que rechace el lote de 12,7 ha adquirido en Obrapía para el programa de lotes con servicios, en la denuncia se dijo que habría sobreprecios y que se manipuló el catastro para beneficiar al vendedor y perjudicar al Municipio como adquirente. Ahora nos tocamos con la cruda y dura realidad mucho más grave que lo de los insumos y materiales sanitarios, que se “compró” con un gigantesco sobre precio, un terreno que lo denominaron Jardines de Punzara a quienes han venido tratando de arrebatarles a sus legítimos propietarios estos terrenos. Se dice que se compran 15 ha En el precio de 4’376.889 dólares, cuando en realidad se podrían haber adquirido solo 12 has porque tres hectáreas, sus legítimos dueños, ya entregaron al Municipio como área verde y comunal. Es decir, los que denunciaron que se habría comprado con sobre precio a 7 dólares el metro en Obrapía “adquirieron” en forma fraudulenta e ilegal a más de 36 dólares el metro cuadrado y para colmos lo pagaron con el dinero que recaudaron a incautos partidarios que hacían cola monitoreada por el famoso Kuy para depositar alrededor de diez mil dólares cada uno, en un número de mas de 800 familias que ahora no saben cómo precautelar su dinero.

¡Gran publicidad que venía el Vicepresidente Sonnenholzner a entregarles los 6.000 dólares de subsidio para este programa declarado social por el inefable Cabildo y cuando se enteró de qué es lo que realmente estaba pasando, tuvo que verse obligado a suspender este acto.