Christian Cano Zambrano
Los ciudadanos muestran un interés firme en poder conocer la cantidad de servicios públicos que reciben y que se financian mediante el pago de sus impuestos. Generalmente, cuanto más es dicha cantidad, es mayor el grado de satisfacción que manifiestan respecto a la actuación del sector público correspondiente.
Pero, no debe perderse de vista que, para ofrecer estos servicios, el sector público incurre en un gasto público que no llega a ser ilimitado. Es decir, si la administración pública incrementa su gasto para satisfacer demandas sociales, deberá disponer de unos ingresos superiores. Caso contrario, al igual que ocurre dentro de una familia o en el ámbito empresarial, deberá solicitar financiación para ese exceso de gasto y, por consiguiente, endeudarse. Esto se deriva de que a los ciudadanos no sólo les interesa conocer la oferta de servicios públicos de la que se dispone, sino también conocer cuál es la relación que existe entre ésta y el gasto público que genera la producción de la misma.
La finalidad del gasto público es poder incrementar el bienestar de los ciudadanos mediante la producción de los denominados bienes preferentes, aquellos bienes o servicios imprescindibles para el desarrollo del ciudadano y que el sector público obliga a consumir en cantidades incluso superiores a las preferencias personales; por ejemplo la educación, la vivienda, etc., y los programas de prestaciones económicas que consisten en transferencias monetarias del sector público hacia los individuos para garantizar un nivel de vida digno; por ejemplo: bonos de desarrollo, etc. El conjunto del gasto se financia con el total de recursos que tiene asignado el sector público, a los que se denominan ingresos públicos, y que proceden fundamentalmente del pago de los impuestos que soportan las familias y las empresas (principales componentes del sector privado).
La preocupación creciente por la eficiencia pasa a ser uno de los objetivos primordiales en el modo de gestión dentro de la administración pública. Los sistemas presupuestarios y de gestión de los distintos niveles de gobierno, constituyen el instrumento esencial para asegurar que los recursos públicos obtenidos por la contribución de los ciudadanos, normalmente vía impuestos, se traducen posteriormente en servicios públicos de calidad y claramente proyectados a mejorar el Estado de Bienestar.
La importancia de cuantificar la producción del sector público en términos de bienes y servicios recae en conocer cómo se han gestionado los recursos públicos a través de la creación de indicadores de eficiencia que reflejen la relación costo-beneficio. Esto ayudará a generar información estadística, para llevar a cabo un diagnóstico social sobre la forma de gastar, así como para la medición del desempeño por medio de una planificación y evaluación del gasto público, orientada a mejorar la asignación y la progresividad de los recursos. En este sentido, uno de los retos pendientes en torno a la medición y evaluación de la eficiencia se encuentra la incorporación de la calidad de los bienes y servicios públicos producidos dada una cantidad inicial de recursos públicos. Esto conlleva la inclusión de la percepción de la ciudadanía dentro de los procesos de evaluación, como otro criterio más a tomar en cuenta para calificar cómo ha sido la gestión de los recursos a lo largo de todo el ciclo presupuestario.