César Augusto
El proyecto de ley para privatizar la educación está listo desde 1994, cuando era presidente Sixto Durán Ballén, quien no lo llegó a ingresar para su consideración a la Asamblea Nacional porque la UNE y los sectores progresistas manifestaron su oposición radical. Ese proyecto sigue siendo el sueño dorado de la burguesía nacional y, con las debidas actualizaciones, se propone hacerla aprobar el próximo año, lo que depende exclusivamente de quién gane la Presidencia el 15 de octubre. Con Luisa González no pasará.
De acuerdo con ese proyecto de Ley, los planteles educacionales del Estado pasarán inmediatamente a propiedad de los profesores y personal administrativo que se hallen laborando en los mismos.
A partir de tan fácil privatización, los sueldos de los docentes correrán a cargo de los padres de familia. A partir del año 2025 se suprimiría por completo la partida para sueldos del magisterio del Presupuesto General del Estado. Los planteles fiscomisionales también dejarán de ser gratuitos.
Con este cambio radical, la actual Ley Orgánica de Educación Pluricultural, perdería su razón de existir en lo relacionado con el nombramiento, remuneración, escalafón y ascenso, cambios y pases del magisterio.
Los profesores se quedarían en el plantel que se hallan laborando hasta su jubilación o hasta su muerte, en la categoría que están ubicados.
Las remuneraciones se llegarían a establecer mediante un convenio entre docentes y padres de familia. Es de suponer que los padres de familia contratarían a los profesionales que oferten sus servicios por los montos más bajos, aunque eso afectaría tremendamente a la calidad de la enseñanza. Se crearían una serie de conflictos administrativos y legales, porque quedarían en el aire los derechos de los profesores copropietarios del plantel que no fueren contratados para seguir laborando y por otra parte para asegurarse la contratación se acudiría a mecanismos indecentes o componendas, para comprar la voluntad de los dirigentes, lo que les daría un poder privilegiado a los presidentes de los comités de padres de familia.
Es un tremendo despropósito, pero que Noboa y su gente quieren implementar, porque tienen terror a que se universalice la educación superior.
La burguesía admira al sistema chileno, en el cual un año de universidad cuesta cuando menos 8.000 dólares y de esa manera se elimina toda posibilidad de que los hijos de las familias más pobres accedan a los estudios superiores. Un discrimen brutal, pero válido para garantizar a la burguesía el dominio perenne del Estado. Los bancos, por supuesto, colaboran con el sistema, ofrecen créditos para comenzar a pagarlos después de la graduación. Los jóvenes salen con una deuda enorme, a rogar a algún oligarca que les dé un empleo para subsistir y tener cómo pagar su deuda, a cambio de lo cual tienen que obrar con la mayor docilidad hacia su empleador.
La privatización de la educación es ante todo un proyecto político, para crear las condiciones que la burguesía necesita para gozar del control permanente del Estado.