Antonio C. Maldonado V.

El Gobierno Nacional en su programa de privatizaciones mediante el sistema del aporte económico del sector público y privado no es lo requerido atendiendo las demandas del colectivo ya que anteriormente lo realizaba el Estado o sus instituciones como es el caso de la provisión de medicinas en las farmacias cercanas a los domicilios de los que las necesitan previa la receta del facultativo correspondiente; algo similar sucede con las necesidades que se debe atender en todas las provincias del país que le corresponde llevar a efecto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y no se las atiende, por ejemplo la postergada por los Gobiernos de turno en la ampliación de la vía Loja-Catamayo a cuatro carriles.

En el Gobierno de Gabriel García Moreno – 1869 se inició la construcción de la primera cárcel y se inauguró en 1875 con el nombre del mandatario de la época, edificio que fue el más moderno ya que generalmente en el país eran casas que las adecuaban según los periodos de encierro que debían pulgar los privados de libertad, esta situación se mantuvo durante muchos años, inclusive en los cuarteles de policía se adaptaban sectores para los infractores hasta que la autoridad realice los juzgamientos, debido a lo cual, como en nuestra ciudad los centros de reclusión fueron administrados por las municipalidades. En el Gobierno del ex Presidente Rafael Correa se invirtieron 200 millones de dólares para la construcción moderna de monumentales complejos cancelarios en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Latacunga que se convertirían en verdaderos centros de rehabilitación social, sin embargo en esa época, por no existir, el brote delincuencial que se inicia con la pandemia y se descuidó erradicar la corrupción lo que en la actualidad imposibilita que el Estado tenga un eficiente control de los centros carcelarios donde operan las llamadas bandas delictivas que no solamente producen la muerte de internos (403 en 10 masacres en menos de dos años) sino que desde allí se imparten órdenes para que las organizaciones delictivas produzcan permanentes delitos hasta con sistemas terroristas, lamentable situación que evidencia que el Estado no está presente en esos locales pese a que sufraga los gastos de su funcionamiento que indudablemente aumentaría el gasto inclusive de llevarse a efecto con la privatización; quienes tienen a su cargo la administración y custodia en los Centros de Rehabilitación, deben tener en cuenta que los edificios de reclusión no deben construirse en sectores habitados, circundados por viviendas, negocios de abastecimiento y servicios públicos, etc. lo que facilita la introducción de droga, armamento, celulares, sino que deben ser ubicados en lugares desérticos como sucede en EE.UU. apartados totalmente del mundanal ruido y llega a nosotros difundiéndose por la pantalla grande y chica.

La Constitución de la República una de las más actualizadas en nuestra América, así como en países de Europa con disposiciones que se las aplica en lo relativo a las personas privadas de libertad ubicándolos en los grupos humanos de atención prioritaria en el art. 35 de la Constitución y las concordantes con otros capítulos constitucionales y leyes vigentes, lo singularizado tiene como objetivo rehabilitar al recluso para que cuando cumpla la pena sea útil a la sociedad, mientras aquello sucede no termina la batalla Gobierno vs. Asamblea por la manzana de la discordia que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –Cpccs-.