Las heridas abiertas del Perú

Santiago Armijos Valdivieso

Desde el inicio del siglo XXI, casi todos los personajes que ocuparon la Presidencia del Perú han terminado tras las rejas (o se esconden en los tejados) por escándalos de corrupción. Unos se declararon de derechas, otros de izquierdas y otros de centro; pero la verdad es que todos han incumplido la promesa de solucionar los graves y numerosos problemas sociales que aquejan al vecino país. En esas terribles circunstancias, en mayo de 2021, el pueblo peruano eligió al profesor sindical Pedro Castillo Terrones como primer mandatario de la Nación, eso sí con escasísima mayoría sobre la candidatura de Keiko Fujimori. Los motivos que llevaron al poder a Castillo Terrones fueron varios, pero en lo fundamental se habló de la necesidad de que el Perú cuente con un presidente que represente a las clases populares, especialmente de las provincias, tan olvidadas por las élites empresariales limeñas para las que, supuestamente, el Perú inicia y acaba en los aristocráticos barrios capitalinos. Por su parte, el profesor Castillo ofreció gobernar para todos y combatir la corrupción que tanto ha manchado la democracia peruana.

Lamentablemente, desde el principio, el expresidente Castillo se rodeó de ministros y funcionarios seriamente cuestionados, a lo que se sumó su falta de experiencia política, su carencia de talla de estadista y, lo que es más grave, se enlodó con acusaciones de actos de corrupción que pusieron en entredicho su honestidad. En definitiva, el puesto le quedó grande y así perdió la gran oportunidad de demostrar al Perú que un hombre de las entrañas populares también puede estar preparado para asumir la inmensa responsabilidad presidencial. El asunto se agravó por una fuerte oposición del Congreso Peruano, el que, acostumbrado a decapitar presidentes, no estuvo dispuesto a perdonar ningún error a Castillo, y peor aún, cuando éste empezó a dar más de un motivo para ello. Finalmente, el 07 de diciembre de 2022, Pedro Castillo fue destituido por haber intentado dar un autogolpe de Estado, mediante la disolución del Congreso, y apresado para enfrentar procesos penales por delitos de rebelión, conspiración y liderar una supuesta organización criminal. Actualmente guarda prisión preventiva en las instalaciones del penal Barbadillo, ubicado cerca de Lima, en el que también está encarcelado el expresidente Alberto Fujimori, quien también en su momento decidió disolver el Congreso, porque ejerció frontal oposición a su Gobierno.  Todo esto provocó enérgicas protestas populares en varias ciudades del sur peruano, que al momento deja 27 muertos y cientos de heridos, ante la impotencia de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder constitucionalmente por ser la primera vicepresidenta de Castillo. Como era de esperarse, las voces a favor y en contra de lo acontecido han sido enfrentadas: unas consideran que el autogolpe de Castillo tiene que ser castigado con la cárcel, a más de responder por los supuestos actos de corrupción cometidos; pero otras piensan que Castillo es víctima de la persecución de las élites políticas limeñas que nunca aceptaron que un hombre humilde sea quien dirija el país.

En mi criterio, y más allá de quien tenga más o menos la razón sobre este problema, creo que el gran perdedor es el Perú, y por supuesto el pueblo peruano que no logra encontrar el camino del orden y la paz social. También considero que, aunque a Perú lo afecta una enorme brecha social y económica, a más de un centralismo galopante que se concentra en Lima; Pedro Castillo Terrones no estuvo preparado para asumir el reto de presidir el convulsionado país; responsabilidad que para asumirla hace falta mucho más que provenir de un hogar humilde o ser un maestro rural. Por más que el Congreso ejerciera una férrea oposición, Castillo no podía quebrar la Constitución y disolver el Congreso; ya que, al hacerlo, cometió graves delitos contra la democracia y tiene que pagarlos. Ese es el precio que debe responder todo ciudadano y más aún, cuando se trata del primer mandatario, cuyo poder proviene de las reglas de la democracia y del Estado de Derecho. Ojalá que la convulsión social que  quema los intestinos del hermano país sea superada, y con cabeza fría, Gobierno y sociedad logren realizar, lo más pronto posible, nuevas elecciones presidenciales y legislativas para, asimilando los errores, entender que la elección de un presidente es un acto sagrado y complejo que merece toda la responsabilidad y atención cívica, la cual  no debe limitarse a escoger al candidato más pobre o más rico; al más alto o al más pequeño; al más vocinglero o al más callado; sino,  elegir a la persona más capaz, preparada, honesta y respaldada con un buen equipo de trabajo para cumplir adecuadamente el mandato popular.

Penosamente, el problema del Perú es la tónica, en mayor o menor medida, que marca el ritmo democrático de gran parte de los países latinoamericanos.