“Si la pena de prisión por robar es de dos años; seis años de prisión para la persona que compra lo robado”.

Por primera vez en la historia de nuestro país, la inseguridad en toda su magnitud está en el primer lugar de preocupación social. En estos momentos la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas que están sucediendo en el Ecuador. La criminalidad aumenta sin que nuestras autoridades tengan un plan para evitarlo. Rompiendo la independencia de poderes, el presidente señala que expondrá públicamente a aquellos jueces que considere que han actuado negativamente en su función. Así mismo de manera demagógica, el presidente plantea enmendar la Constitución para que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna, para evitar tener que declarar estados de excepción. De tal forma que la presencia militar en las calles sería lo normal. Al respecto les comento que en ningún lugar ha servido militarizar el país para combatir el crimen organizado. Únicamente aumenta la violencia en la calle y la corrupción en las instituciones públicas. No hay planes ni estrategias, solo discursos para sostener que la culpa es de otros. No hay política pública, ni una comprensión de las causas que reproducen la delincuencia. Este año se publicó en la Revista Econométrica, el artículo titulado “El efecto de la pérdida de empleo y el seguro de desempleo en la criminalidad”. Esta investigación muestra que con la pérdida de empleo aumenta la probabilidad de cometer actos delictivos en el caso de hombres jóvenes, llevados por la falta de recursos, las limitadas oportunidades que encuentran y el estrés mental que esta situación produce. Y se encuentra que ser beneficiarios de un seguro de desempleo elimina ese efecto, porque alivia las condiciones de privación económica que provocan el cometer este tipo de acciones. De nada sirve aumentar la seguridad cuando no hay empleo ni seguridad social, si la pobreza aumenta, y los jóvenes no tienen oportunidades de desarrollo. Si queremos reducir la delincuencia hay que actuar desde la política económica y social para generar plazas de empleo y asegurar la cobertura de las necesidades básicas de la población. Es en la pobreza, en la desesperación de la gente, en la falta de oportunidades y en la ausencia de política social, por el abandono del Estado, en donde el crimen organizado encuentra asidero para crecer. Si queremos eliminar la delincuencia, hay que decirles no a propuestas demagogas, y exigir acciones concretas para erradicar la pobreza. Para apalear este mal es necesario generar estrategias como alinear las políticas públicas hacia la reducción del crimen y la violencia, involucrando a todas las instituciones y sus agendas de desarrollo, tanto gubernamental, regional y local; lograr mayor participación de las instituciones y la sociedad en su conjunto para enfrentar la inseguridad; desarrollar planes, programas y proyectos de seguridad por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mismos que involucren a la sociedad; anticiparse al crimen mediante intensiones de prevención e intervención en las familias, centros educativos y la sociedad en su conjunto; incrementar las penas y endurecer las sanciones de los delincuentes y criminales; aplicación de la Ley de extinción de dominio al círculo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad del funcionario corrupto; combatir la corrupción con políticas públicas y acciones jurídicas que no permitan la impunidad; corregir la ineficiencia judicial para evitar estimular el delito; depurar y reorganizar los organismos judiciales y de control, mediante una excelente selección de personal y pruebas de confianza periódica; crear fuera contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional; generar fuerzas de reacción antidelincuencial en las áreas de mayor incidencia delictiva y reasignación de la función de control migratorio a la Policía Nacional; fortalecer tecnológica y presupuestariamente a los organismos de inteligencia antidelincuencial; reducir las oportunidades de la delincuencia con mejores sistemas de control, presencia policial disuasiva en territorio y organización social; utilizar al máximo la georreferenciación del delito que posee la Policía y aplicarla en estrategias sectoriales y locales como herramienta para prevenir y controlar eficientemente las áreas de incidencia delictiva y asegurar los espacios públicos; mejorar el control de armas y eliminar los lugares de expendio de productos robados y combatir sin tregua y enérgicamente al narcotráfico, mediante acciones en territorio y con una justicia de manos limpias.